La Contraloría General de la República aclaró que la llamada “Ley Karin” también ampara a trabajadores contratados a honorarios cuando denuncian acoso laboral o sexual en organismos públicos. A través de un dictamen fechado el 20 de febrero de 2026, el organismo liderado por Dorothy Pérez precisó que, aunque estas personas no tienen la calidad de funcionarios públicos, sí pueden acogerse a las medidas de resguardo y a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
El pronunciamiento se originó tras una consulta de la Municipalidad de Pinto sobre la aplicabilidad de la Ley N° 21.643 a prestadores de servicios a honorarios. Si bien la Contraloría reiteró que estos trabajadores no están sujetos a responsabilidad administrativa, sostuvo que, al poder denunciar hechos de acoso contra funcionarios, sus casos deben tramitarse conforme a los estatutos modificados por la ley, incluyendo notificaciones, medidas de protección y posibilidad de recurrir ante la autoridad correspondiente.
El dictamen también abordó la atención psicológica temprana y los procedimientos disciplinarios. En ese contexto, recordó que quienes coticen en el seguro de la Ley N° 16.744 pueden acceder a prestaciones médicas en casos de acoso. Además, estableció que si el denunciado es funcionario, deberá instruirse el sumario respectivo; y si es honorario, la autoridad podrá evaluar el término anticipado del contrato, siempre conforme a las cláusulas pactadas. Con ello, el ente contralor fija jurisprudencia en una materia sensible para el sector público.
