Indignación generó en funcionarios de Mejor Niñez la decisión de la Contraloría General de la República, que respaldó al dirigente gremial Felipe Ramírez, quien no ha ayudado a su puesto desde 2021 por supuestas laborales sindicales. A pesar de no cumplir funciones operativas, el trabajador recibe mensualmente más de $2 millones y mantiene un cargo con atribuciones. La denuncia fue presentada por el diputado Jorge Guzmán y apoyada por la asociación ANFUSEPNA, que calificó el caso como “una burla para los funcionarios que sí trabajan”.
El dictamen del ente fiscalizador confirmó que Ramírez comunicó su permiso sindical recién en 2023, pero aún así validó su ausencia retroactiva desde años anteriores. Aunque se detectó que las resoluciones que aprobaron su permiso fueron emitidas posterior a su inasistencia, la Contraloría no demostró esto como causal de sanción, limitándose a exigir que en el futuro las autorizaciones se gestionen con anticipación. Tampoco se cuestionó la falta de evaluaciones de desempeño ni los ascensos obtenidos por el dirigente en este período.
Como respuesta institucional, Mejor Niñez emitió una resolución para regularizar el uso de horas gremiales y mejorar el control interno. Sin embargo, para muchos funcionarios de la séptima región, la resolución de Contraloría consolida un manto de impunidad sobre un caso que consideran emblemático del descontrol y la falta de fiscalización dentro del aparato público. Mientras tanto, Ramírez seguirá representando a los trabajadores… sin poner un pie en su oficina.
