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«Chao Dicom»: expertos plantean reparos al proyecto y piden que se incluya al retail

Expertos expusieron en la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados sus reparos al proyecto denominado «Chao Dicom», además de plantear que la iniciativa incluya a tiendas del retail.

En la instancia, expuso José de Gregorio, exministro y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, quien apuntó al riesgo que significa una medida como esta en la posibilidad de acceso a créditos, afectando no solo a los deudores, sino también a quienes no lo son. 

Por lo anterior, planteó la necesidad de crear un consolidado de deudores que no solo incluya a la banca, sino también al retail. 

En esa misma línea, el economista Gonzalo Escobar sostuvo que los mejores clientes podrán acceder con una mayor tasa de interés, al igual que los morosos, lo que podría agravar su condición financiera. 

Mientras que el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, sostuvo que es necesario primero avanzar con el proyecto que crea una Agencia de Datos Personales y afirmó que esta norma podría provocar un alza en las tasas de los créditos, aunque esto podría ser contrarrestado con una medida que perfeccione el actual marco legal y que sea permanente. 

Por otro lado, el profesor de Derecho Privado de la Universidad de Chile, José Roa, manifestó que un listado de boletín comercial es un mecanismo de cobranza, “una medida de apremio no establecida en la ley y con consecuencias que van más allá de lo establecido en la ley”. 

Asimismo, expuso que para reducir el riesgo de la iniciativa, se debería establecer una temporalidad a su duración. 

“Chao Dicom” busca prohibir el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022, lo cual se aplicaría a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial. 

Además, establece la obligación de eliminar de los registros los datos relativos a obligaciones exigibles e impagas inferiores a $2.500.000. 

La norma establece multas por incumplimiento, a beneficio fiscal, de 1.000 hasta 2.500 UTM ($56.700.000 a $141.900.000 app), previo requerimiento del titular de los datos.

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