En el encuentro participaron el secretario ejecutivo de la asociación, José Hernández, junto a Claudio Montalva, coordinador de gestión, quienes analizaron en conjunto la situación actual de la cartera de proyectos de los municipios de la región. Asimismo, se abordaron aspectos clave sobre el funcionamiento del sistema de tramitación, evaluación y asignación de recursos, con miras a optimizar los tiempos y mejorar la ejecución de las iniciativas locales.

Durante la jornada también se proyectaron acciones de fortalecimiento institucional, acordándose la coordinación de futuras capacitaciones dirigidas a equipos municipales, liderados por sus respectivos alcaldes. Estas instancias formativas se enfocarán en materias relevantes para la gestión local, tales como la Ley de Plantas Municipales, el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PETRAC), procesos de rendición de cuentas y herramientas de modernización del Estado.

Ambas partes valoraron la instancia de diálogo y coordinación, destacando la importancia de avanzar en una agenda conjunta que permita fortalecer las capacidades técnicas de los municipios y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

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Según los antecedentes, la red operaba desde al menos 2023 y ofrecía a los interesados obtener licencias mediante gestiones irregulares, incluyendo la rendición de exámenes teóricos por terceros y la omisión de pruebas prácticas. Además, facilitaban domicilios falsos en la comuna y adelantaban fechas para la realización de trámites, aprovechando los largos tiempos de espera del sistema formal.

La investigación, liderada por las fiscales Tania Sironvalle y Gabriela Miranda, incluyó allanamientos en dependencias municipales y domicilios particulares, con apoyo del OS-9 y el GOPE de Carabineros. Testimonios indican que los precios oscilaban entre $400 mil y $500 mil, dependiendo de si los solicitantes contaban con documentación, e incluso se detectaron maniobras para eliminar registros de deudores de pensiones con el fin de facilitar la obtención de las licencias.

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En este contexto, la situación ha tenido repercusiones en la comuna de Curicó, donde el alcalde George Bordachar confirmó la apertura de un sumario administrativo en su contra por parte del ente fiscalizador. “Con fecha 23 de marzo de 2026, llegó desde la Contraloría el oficio 56385, que adjunta nóminas de funcionarios que habrían ido al casino teniendo prohibición de asistir por ser administradores de fondos públicos”, explicó el jefe comunal mediante una declaración pública.

Bordachar precisó que su presencia en el recinto de juegos se dio en el marco de un viaje personal. “Fui a una actividad deportiva, a una institución curicana en Antofagasta. Esos días pedí día administrativo y quedó como alcalde subrogante Marcelo Fernández”, indicó. Asimismo, enfatizó que durante su estadía “no se usaron recursos municipales ni fondos públicos” y que llevaba solo un par de semanas en el cargo al momento de los hechos.

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El convenio surge tras cambios en la normativa de compras públicas que permiten este tipo de adquisiciones colectivas, lo que facilitará ofrecer balones de gas a menor precio para los vecinos. Desde los municipios destacan que la medida busca mitigar los efectos del encarecimiento del combustible, especialmente en la clase media, en un escenario marcado por ajustes al mecanismo de estabilización de precios.

Los alcaldes señalaron que esta estrategia no solo permitirá enfrentar la contingencia actual, sino que también abre la puerta a futuras compras conjuntas para abaratar costos en distintos ámbitos. La iniciativa, además, se da en un contexto de creciente tensión entre autoridades locales y el gobierno central por el impacto económico que ha generado el alza de los combustibles en los hogares.

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Fuentes había sido condenado el 25 de marzo de 2025 a 41 días de prisión y a la suspensión de su cargo como funcionario público. Sin embargo, según se informó, no habría dado cumplimiento a dicha medida y se mantuvo desempeñando labores en el municipio de forma ininterrumpida hasta esta semana, lo que desató críticas en el ámbito comunal y político.

El alcalde Sebastián Sichel abordó la situación durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal N°7, confirmando que la renuncia se hizo efectiva con fecha 3 de marzo. El jefe comunal señaló que existían intenciones de removerlo del cargo, pero destacó que Fuentes optó por una “decisión generosa” al presentar su dimisión, en medio de la polémica.

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El lanyard no busca reemplazar el bastón ni otras ayudas técnicas utilizadas por personas con discapacidad visual. Su propósito es distinto: informar, educar y generar conciencia tanto en espacios públicos como privados, promoviendo una convivencia más empática y solidaria.

Este distintivo permite comunicar de manera clara que quien lo porta tiene baja visión, facilitando la comprensión de situaciones habituales como no reconocer a alguien al saludar, tropezar, chocar accidentalmente o desplazarse con mayor dificultad. Lejos de ser desinterés o mala educación, estas conductas forman parte de la experiencia diaria de muchas personas con esta condición.

Zúñiga explica que no todas las personas con baja visión utilizan bastón, ya que en algunos casos aún no es necesario. Sin embargo, la ausencia de este apoyo no significa que no exista una discapacidad visual real. “La baja visión no es ceguera, es una forma distinta de ver”, señala, subrayando que quienes la presentan enfrentan múltiples barreras en su día a día.

Desde su creación, el lanyard se ha entregado de manera gratuita y ha sumado la adhesión de cientos de personas de distintos rangos etarios y diversas regiones del país. Para su impulsora, este respaldo demuestra que la información entregada desde una mirada humana puede generar cambios concretos en la forma en que la sociedad observa y comprende la discapacidad.

Iniciativas como esta evidencian que la inclusión no siempre comienza con grandes campañas, sino con acciones simples que permiten visibilizar realidades históricamente invisibilizadas. Educar, informar y sensibilizar siguen siendo pasos fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

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Guajardo, quien lidera el municipio de Río Claro y la asociación que agrupa a diversas comunas urbanas y rurales del Maule, destacó que ha sostenido reuniones con dirigentes del transporte público y conoce de primera fuente las dificultades que enfrenta ese sector debido al aumento de los costos operativos. Sin embargo, afirmó que “no podemos permitir que esta situación termine afectando a quienes más lo necesitan: estudiantes, personas mayores y trabajadores del mundo rural”.

El alcalde hizo hincapié en que el transporte rural en la región del Maule no es un lujo, sino un servicio esencial, ya que es fundamental para que las personas puedan acceder a educación, salud y empleo, especialmente en las zonas más alejadas del territorio. Guajardo llamó a las autoridades y al gremio a buscar una “solución de fondo con mayor presupuesto y una mirada territorial justa que garantice equidad y dignidad para nuestras comunidades”.

La petición del edil surge en un contexto donde los municipios rurales han reforzado su rol en la defensa de servicios básicos que sostienen la calidad de vida de los habitantes rurales. Como presidente de AMUR Maule, Guajardo ha promovido de manera constante la articulación entre las distintas municipalidades para fortalecer la gestión local y enfrentar desafíos comunes, incluidos temas de transporte, infraestructura y desarrollo territorial.

La petición del alcalde de Río Claro busca acelerar acuerdos que eviten aumentos tarifarios perjudiciales para las familias rurales, incorporando visión territorial y presupuesto adecuado para asegurar que el transporte siga siendo accesible y digno para todos los habitantes del Maule profundo.

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La Beca TIC tiene como objetivo reducir la brecha tecnológica existente y garantizar que nuestros estudiantes dispongan de las herramientas necesarias para fortalecer su aprendizaje, fomentar su autonomía e impulsar su inclusión en la comunidad educativa.

La entrega se realizó en un ambiente festivo, donde se destacó la importancia de brindar oportunidades equitativas a todos los estudiantes, contribuyendo así al desarrollo integral de cada uno de ellos. La iniciativa es parte de una serie de acciones que buscan consolidar el compromiso de JUNAEB con la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades.

La comunidad educativa de la Escuela El Guindo agradece el apoyo recibido y reafirma su compromiso de trabajar juntos para construir un futuro más accesible y justo para todos.

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Tras la difusión del video, el municipio inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Durante la investigación, uno de los involucrados reconoció su participación, lo que permitió avanzar hacia una resolución definitiva. El proceso determinó que la conducta de ambos trabajadores constituyó una falta grave al principio de probidad administrativa.

La decisión de la destitución se adoptó en octubre, pero se mantuvo en reserva mientras se cumplían los plazos formales de descargos. Con el cierre del sumario, el municipio confirmó oficialmente la salida de ambos funcionarios, quienes realizaban labores en el área de atención a público del Centro Cívico de Vitacura.

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Uno de los puntos destacados fue la revisión del proceso de transferencia de recursos para los bonos de incentivo al retiro de docentes y asistentes de la educación. Se acordó establecer una nueva dinámica de trabajo que permitirá concretar parte de estas transferencias durante el mes de noviembre, garantizando así un apoyo vital para el sector educativo.

Además, se abordó la situación de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que son fundamentales para el cumplimiento de las obligaciones municipales. El ministro Cataldo expresó su compromiso al aceptar la solicitud del alcalde Guajardo de asegurar la participación de Río Claro en el proceso de entrega de fondos FAEP a finales de año.

Por último, también se discutió el proceso de indemnizaciones relacionado con el traspaso al nuevo sistema de educación pública. Se destacó la incorporación de una norma que permitirá a los municipios contar con los recursos necesarios para cumplir con estos pagos, sin afectar sus finanzas locales.

La reunión fue un paso importante para fortalecer la colaboración entre las autoridades educativas y municipales, en pro de una educación pública de calidad y accesible para todos los estudiantes de Río Claro.

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