Y es que una tensa y caótica salida protagonizó la ministra durante la tarde de este miércoles desde dependencias de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en medio de una manifestación estudiantil que derivó en agresiones verbales y físicas en su contra.

Según imágenes a las que accedió Radio Bío Bío, la secretaria de Estado debió abandonar de forma apresurada el Aula Magna del plantel, donde permanecía resguardada a la espera de condiciones para salir, mientras en el exterior se desarrollaba una protesta que se extendió durante gran parte de la jornada.

En este sentido, figuras como Evelyn Matthei (UDI), Constanza Martínez (FA) y Camila Flores (RN).

En cuanto a la excandidata presidencial, utilizó su cuenta de X -antes Twitter- para repudiar el ataque.

“La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, dijo.

Por su parte, la senadora Flores sostuvo que “la historia se repite” y que delincuentes atacaron a la ministra Lincolao.

“Estos actos no pueden quedar en impunidad, se debe identificar a los agresores para que paguen por estos hechos. Si no se frena de raíz, ya sabemos cómo terminan estas cosas. El estallido delictual fue consecuencia de la mano blanda con los violentistas y delincuentes”, enfatizó la parlamentaria.

La exministra de Educación, Marcela Cubillos, también respondió al ataque. “La izquierda y las funas, un patrón. Todo el apoyo a la ministra ante el cobarde ataque que acaba de sufrir. Y mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultra izquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.

Crítica transversal

El rechazo a la violenta agresión sufrida también vino desde la oposición. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, solidarizó con Lincolao.

“Solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato“, aseguró.

La parlamentaria Ericka Ñanco, también del Frente Amplio, señaló que “lo ocurrido con la ministra de Ciencias en la Universidad Austral es inaceptable. En democracia, la protesta es legítima, pero nunca debe transformarse en agresión”.

“Las diferencias —por profundas que sean— se procesan con argumentos, no con golpes ni humillaciones. Y eso es una responsabilidad compartida que tenemos que cuidar“, puntualizó.

Desde la DC, la senadora Yasna Provoste expresó su “más profunda solidaridad con la ministra. La educación avanza en paz. La universidad debe ser ejemplo de tolerancia y diálogo. Estas agresiones son inaceptables y contribuyen a un ambiente de polarización que daña a Chile”.

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En relación con los recientes hechos de violencia escolar —incluido el asesinato de una inspectora en el norte—, la jefa comunal apuntó a causas estructurales. A su juicio, este fenómeno refleja fallas más profundas del sistema: “La violencia en los colegios hoy es uno de los síntomas de cómo el sistema está haciendo agua en varios lados”, señaló, enfatizando que, más allá de medidas inmediatas de seguridad, es fundamental abordar el origen del problema.

En esa línea, sostuvo que la violencia trasciende el ámbito educativo y responde a una crisis social más amplia. Factores como la dinámica familiar, la falta de tiempo y el estrés cotidiano —muchas veces asociados a condiciones económicas exigentes—, contribuyen a un ambiente de mayor irritabilidad y debilitamiento en la formación de valores. “Si no atacamos eso, creo que la violencia va a persistir”, advirtió.

Otro de los ejes de la conversación fue el proceso de reconstrucción en Viña del Mar tras los incendios. La alcaldesa recalcó la urgencia de acelerar los trabajos, poniendo el foco en la reposición de viviendas para las familias afectadas. Si bien reconoció la existencia de dificultades técnicas en algunas soluciones habitacionales, insistió en que estas no deben frenar el avance. “Necesitamos casas”, subrayó, planteando que los procesos administrativos y judiciales pueden desarrollarse en paralelo.

Respecto a las tensiones con autoridades —incluidos episodios de conflicto entre el Ministerio de Vivienda y pobladores—, fue crítica del tono del debate público. “Estoy bastante hastiada de las controversias y de las peleas públicas (…) no son productivas”, afirmó, haciendo un llamado a priorizar soluciones por sobre enfrentamientos.

También defendió la gestión municipal frente a observaciones de la Contraloría, explicando que las decisiones adoptadas se enmarcaron en un contexto de emergencia. Según indicó, se optó por priorizar la ayuda inmediata, incluso asumiendo ciertos riesgos administrativos, con el objetivo de no dejar a familias sin apoyo en momentos críticos.

En el plano político, Macarena Ripamonti deslizó cuestionamientos al liderazgo del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast, particularmente en materia económica. En ese sentido, criticó la toma de decisiones vinculadas al manejo del mecanismo de estabilización de combustibles, sugiriendo falta de conducción clara en el gobierno.

Finalmente, la alcaldesa advirtió sobre un escenario internacional complejo que podría impactar en Chile, con eventuales efectos económicos derivados de conflictos globales. A pesar de ello, expresó una visión optimista, señalando que estos procesos responden a ciclos y que es posible avanzar si se fortalecen liderazgos enfocados en el bienestar común y en garantizar condiciones básicas para la población.

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De acuerdo con los antecedentes, la situación se tornó tensa cuando la autoridad se disponía a retirarse del recinto. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzó a increparla con gritos e insultos, intensificando progresivamente la confrontación. En medio de este escenario, algunos participantes de la protesta no solo mantuvieron las descalificaciones verbales, sino que también le lanzaron agua y propinaron golpes durante su trayecto hacia el vehículo oficial.

El episodio generó preocupación por las condiciones de seguridad en que se desarrollan este tipo de visitas públicas, así como por el nivel de violencia evidenciado en la manifestación. Hasta el momento, no se han informado detalles oficiales sobre posibles personas detenidas o eventuales lesiones sufridas por la ministra, mientras que se espera que las autoridades correspondientes entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido.

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En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que, si bien Chile mantiene un importante potencial de desarrollo, arrastra dificultades asociadas a años de bajo crecimiento y problemas en la gestión fiscal. Asimismo, advirtió que la falta de recursos limita la capacidad de respuesta del Estado ante necesidades urgentes, como la reconstrucción de viviendas y la atención de emergencias.

Las declaraciones se dan en medio de la controversia generada por el uso del concepto “Estado quebrado” en redes sociales gubernamentales, situación que fue posteriormente corregida por autoridades, incluido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Desde el Ejecutivo recalcaron que, si bien existe un deterioro fiscal, el país mantiene estabilidad y trabaja en una estrategia de recuperación económica.

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La contralora Dorothy Pérez explicó que esta plataforma no presume ni establece actos de corrupción, sino que funciona como una señal de alerta preventiva para advertir situaciones que podrían afectar la imparcialidad en la función pública. En su primera edición, RADAR analizó procesos de compras en municipalidades, gobiernos regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), detectando un uso reiterado del trato directo.

Entre enero de 2024 y mayo de 2025 se identificaron más de 556 mil órdenes de compra bajo esta modalidad, por un monto superior a $1,16 billones, lo que representa un riesgo al tratarse de un mecanismo excepcional. Además, se advirtieron posibles vínculos entre funcionarios y proveedores recientes, asociados a operaciones por más de $889 millones. Con estos antecedentes, la Contraloría busca que las instituciones adopten medidas preventivas y, en caso de confirmarse irregularidades, avanzar en fiscalizaciones y eventuales acciones legales.

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Con este resultado, la inflación anual alcanzó un 2,8%, por sobre el 2,4% registrado en febrero, acumulando un 1,4% en lo que va de 2026. Diez de las trece divisiones de la canasta del IPC incidieron al alza, destacando transporte (2,6%) y educación (5,5%) como los principales impulsores. En contraste, bienes y servicios diversos presentó una leve baja de -0,5%.

A nivel de productos, resaltaron los aumentos en gasolina (8,2%), transporte aéreo internacional (15,2%) y alimentos como el tomate (17,6%). En educación, la enseñanza media y universitaria también mostraron incrementos relevantes. Por el contrario, se registraron caídas en el transporte en bus interurbano (-24,1%) y en medicamentos para el sistema digestivo y metabólico (-4,3%). Estos resultados reflejan un escenario inflacionario marcado por factores externos y ajustes estacionales.

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Durante una sesión en el Senado, Kaiser manifestó su desacuerdo con la existencia de la cartera, argumentando que “no estoy de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”.

En esa línea, sostuvo que “los hombres van a la guerra y mueren, se suicidan cuatro veces más que las mujeres y fallecen antes, justamente porque no tienen esas horas en su casa con afectividad y emotividad”. Asimismo, agregó: “No estoy de acuerdo con el género, porque no es lo mismo que mujer”.

Respuesta de Beatriz Sánchez

En conversación con Radio Infinita, Sánchez respondió a estos dichos, señalando que su par busca generar polémica.

“La senadora Kaiser busca siempre la provocación y está esperando una respuesta. Ayer estábamos enfocados en otra cosa, escuchando a la ministra de la Mujer”, afirmó.

La parlamentaria calificó como “muy fuerte” la afirmación sobre la creación de un eventual ministerio para hombres, acusando que desconoce la realidad que enfrentan las mujeres.

“Decir por qué no hay un Ministerio del Hombre implica desconocer la posición de las mujeres hoy. Y lo digo con responsabilidad: es una postura bien terraplanista”, sostuvo.

Sánchez argumentó que la existencia del Ministerio de la Mujer responde a problemáticas estructurales, como la violencia de género y la desigualdad salarial.

“Existen cifras de femicidio y de violencia machista. Además, las mujeres ganamos en promedio un 22,7% menos por el mismo trabajo. Hay una posición estructuralmente desmejorada en la sociedad, por lo que no debería ser necesario justificar la existencia de este ministerio”, indicó.

Finalmente, la senadora enfatizó la importancia de mantener políticas públicas orientadas a reducir las brechas de género.

“Por eso existen las cuotas y por eso es necesario un aparato institucional que impulse mayor igualdad. Estas discusiones también sirven para volver a poner estos temas sobre la mesa, por si alguien lo olvida”, concluyó.

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Desde el Congreso, Jiles explicó que la iniciativa apunta a facilitar la salida voluntaria de extranjeros, resguardando el marco legal vigente y los derechos humanos.

“Queremos hacer una contribución concreta y efectiva para que, con total respeto a los derechos humanos y la legislación vigente, puedan salir del país la mayor cantidad de migrantes que así lo deseen, incentivados por la posibilidad de llevarse sus fondos previsionales a su país de origen”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que actualmente existe una normativa que permite a los migrantes retirar sus fondos al salir de Chile, pero aseguró que ha tenido baja aplicación.

“Hoy existe una ley que lo permite, pero no ha sido efectiva. Son muy pocos los casos en que esto se ha concretado”, indicó.

Detalles del proyecto

La propuesta del PDG corresponde a una reforma constitucional que establece que los extranjeros con cuentas de capitalización individual —administradas por entidades como las AFP— podrán retirar hasta el 75% de sus fondos al cesar definitivamente su residencia en Chile.

El 25% restante se distribuiría en dos partes: un 10% se destinaría al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), mientras que el 15% sería devuelto en un plazo de cinco años, siempre que la persona no solicite nuevamente residencia en el país durante ese período.

En caso contrario, se aplicarán restricciones sobre ese porcentaje pendiente.

Asimismo, el proyecto establece que quienes realicen el retiro no podrán volver a solicitar residencia en Chile. Si lo hicieran, deberán declarar bajo juramento si accedieron a este beneficio, y las administradoras de fondos podrán iniciar acciones legales para exigir la restitución de los recursos retirados.

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La primera iniciativa propone introducir cambios al Código Penal, incorporando nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal para delitos cometidos en recintos educacionales. En tanto, la segunda —denominada “Escuelas Protegidas”— apunta a la prevención, considerando medidas como la revisión de mochilas y bolsos, la prohibición del ocultamiento facial de estudiantes y la inhabilidad de ciertos condenados para acceder a la gratuidad universitaria, entre otras disposiciones.

Críticas del Colegio de Profesoras y Profesores

Al respecto, el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, señaló que, en una primera revisión, las propuestas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

“En una primera lectura, y sin conocer aún el detalle completo del proyecto, nos parece que queda absolutamente pobre en relación con la gravedad y profundidad de la situación que se busca abordar”, afirmó.

Aguilar sostuvo que las medidas se enfocan en las consecuencias, pero no en las causas de la violencia escolar. En ese sentido, criticó la falta de énfasis en salud mental.

“Se proponen sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas. No hay una sola mención a lo que consideramos uno de los principales focos del problema: la salud mental”, indicó.

El dirigente recordó que esta preocupación ha sido planteada desde hace años, incluso durante administraciones anteriores, y advirtió que situaciones recientes evidencian la urgencia de abordarla.

“Hemos insistido en que se debe enfrentar el problema de salud mental que atraviesa nuestra sociedad, el cual se traduce en graves situaciones en los colegios. Lo ocurrido en Calama lo demuestra de manera dramática: detrás de ese horror hay una causa profunda”, sostuvo.

Asimismo, Aguilar cuestionó el enfoque del sistema educativo, señalando que no logra conectar con los estudiantes ni atender adecuadamente su bienestar.

“Hoy tenemos una educación que no resulta atractiva para los estudiantes y que, además, se despreocupa de las personas. Ese es un tema que también debe abordarse, pero el presidente Kast no lo menciona”, agregó.

El dirigente también advirtió sobre posibles efectos negativos de algunas medidas, calificándolas como “tramposas”. En particular, criticó que se puedan equiparar hechos de distinta gravedad.

“Se pretende mezclar cualquier manifestación que interrumpa clases. Según este proyecto, podría ser lo mismo un acto de violencia grave, como el lanzamiento de bombas molotov, que una protesta pacífica de estudiantes por condiciones indignas, como baños insalubres, algo que ha ocurrido en múltiples ocasiones”, explicó.

Finalmente, Aguilar cuestionó la sanción de inhabilidad permanente para acceder a la gratuidad universitaria en ciertos casos.

“Nos parece un grave error sancionar de por vida a una persona. Por ejemplo, un joven que a los 14 años cometa una falta o incluso un delito podría quedar excluido para siempre de este beneficio. Creemos que esto podría incluso ser inconstitucional”, afirmó.

En esa línea, concluyó que las propuestas resultan insuficientes frente a la complejidad del fenómeno de la violencia escolar.

“Estas medidas se quedan cortas frente a la profundidad del problema que enfrentan hoy los colegios”, cerró.

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El debate sobre la recuperación de estos recursos se venía instalando desde hace semanas, pero fue este lunes cuando se evidenciaron resultados concretos. Según explicó el propio Quiroz, el alza en los pagos se produjo inmediatamente después del anuncio del plan, lo que reflejaría una rápida reacción por parte de los deudores.

Durante un seminario organizado por la Sofofa junto a la Universidad del Desarrollo, el secretario de Estado detalló que el incremento —que supera en más de seis veces los niveles previos— se explica por la identificación de personas con capacidad de pago que no estaban cumpliendo con sus obligaciones.

Sin embargo, sus declaraciones marcaron un punto de inflexión en el debate político. El ministro instaló el concepto de “fraude social”, asociándolo al uso de beneficios estatales por parte de quienes sí podrían responder a sus deudas.

“Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social”, afirmó.

En esa línea, defendió el actual sistema de financiamiento y cuestionó la necesidad de avanzar hacia un nuevo mecanismo como el FES.

“La política social es tener CAE y el CAE después hay que pagarlo. Así desterramos un mito: que era necesario aprobar el FES”, sostuvo.

Las palabras del titular de Hacienda generaron reacciones inmediatas en el mundo político. Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, emplazó al Ejecutivo a abordar el problema estructural del endeudamiento estudiantil.

“Llamaría a la ministra de Educación y al ministro Quiroz a hacerse cargo del problema de fondo. Llevamos tres gobiernos discutiendo esto y hoy no se nos propone nada; solo pirotecnia comunicacional al destacar el aumento de la cobranza”, señaló.

Por su parte, el diputado del Partido Comunista e integrante de la comisión de Hacienda, Boris Barrera, cuestionó el tono de las declaraciones del ministro, especialmente el uso del concepto “fraude social”, advirtiendo que no todos los deudores del CAE están en condiciones de cumplir con sus pagos.

“Es una descalificación gratuita. Emitir un juicio tan categórico sobre un tema que responde a una demanda social me parece inapropiado y no se condice con la investidura del ministro de Hacienda”, afirmó.

En este contexto, el Ejecutivo continuará con la implementación del plan de cobro a través de la Tesorería General de la República, enfocando la estrategia en deudores de mayores ingresos. Se prevé, además, que en las próximas semanas se intensifique la recuperación de estos recursos.

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