Con una inversión de US$ 40 millones, la planta genera actualmente 600 empleos directos durante los 365 días del año y se proyecta que alcanzará más de 1.000 puestos de trabajo para 2030, dinamizando la economía regional. Destaca también el alto porcentaje de mujeres  en la plantilla, en línea con el compromiso de la empresa con la diversidad, equidad e inclusión.

Desde su llegada a Chile, Fruselva Global ha invertido US$ 70 millones y tiene contemplada una inversión por US$ 60 millones más para los próximos cuatro años.

Luego del acto de inauguración de la nueva planta, la ministra de Agricultura de Chile destacó que “Proyectos como Fruselva confirman que, en la Región del Maule, estamos consolidando como un hub agroindustrial y exportador, con pilares basados en la inversión extranjera, la empleabilidad femenina, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, pilares de un Chile que mira al futuro. Y por eso, desde el Ministerio de Agricultura lo celebramos y acompañamos. Porque estamos convencidos de que una agroindustria sostenible, inclusiva y competitiva es esencial para avanzar hacia  un país más próspero, más equitativo y comprometido con su gente y su territorio.”

El presidente y fundador de Fruselva Global, Xavier Martínez i Serra, destacó este paso en la expansión global de la compañía. “Estamos muy felices de seguir invirtiendo en Chile, un país que ha sido fundamental en nuestro compromiso global. La Región del Maule nos ofrece un ecosistema agrícola y humano único, que queremos seguir potenciando con innovación, empleo y desarrollo sostenible. Esta nueva planta es una muestra de nuestra confianza en la región y en su gente.”

Martínez i Serra añadió que este proyecto simboliza no sólo el crecimiento industrial, sino también la consolidación de una visión que comenzó hace más de quince años. “La instalación, con tecnología de vanguardia, es un símbolo de innovación que transforma, entrega sostenibilidad que cuida y progreso compartido con las comunidades. Queremos que sea un referente no sólo a nivel económico y tecnológico, sino también en compromiso social y humano.”

El CEO de Fruselva Global, Javi Hernández, subrayó que “nuestro mayor orgullo no sólo está en las cifras, sino en la calidad de las personas que hacen posible este proyecto. En Fruselva creemos en el talento local y en la capacidad de nuestra gente para transformar la industria desde Maule hacia el mundo. Esta planta no solo producirá alimentos infantiles, sino que proyectará el compromiso, la creatividad y la resiliencia de quienes forman parte de esta comunidad.”

Una planta con identidad y propósito

La nueva planta se define por su sostenibilidad, innovación tecnológica y bienestar de las personas. Cuenta con total autonomía energética mediante dos sistemas: generadores de autoconsumo y una planta propia fotovoltaica. Además prioriza la calidad de vida de sus trabajadores, con jardín infantil, sala de lactancia, comedor gratuito, seguros médicos y transporte.

La instalación de 130.000 m2, destina 25 mil m2 a áreas cubiertas y 23 mil sólo a áreas productivas y logísticas. Integra dos plantas productivas que permiten fabricar tanto alimentos convencionales como productos especiales —con alérgenos, probióticos, vitaminas y proteínas— bajo estrictos estándares de seguridad alimentaria, convirtiendo a Fruselva en el primer co-manufacturador infantil con soluciones seguras para la introducción de alérgenos.

La gestión sostenible de aguas residuales (RILES) mediante tecnología MBR posiciona a la planta entre las más limpias del sector. Además, se imparten más de 4.500 horas anuales de capacitación, fortaleciendo el talento y la innovación.

Un modelo de industria con impacto positivo

Fruselva Global reafirma su compromiso con el impacto socioambiental como empresa certificada B Corp, que combina rentabilidad con un modelo de negocio responsable basado en los principios ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza). En esta línea, cuenta con certificaciones Clean Label, Plant Based, Gluten Free, Non GMO y Biodinámica (Demeter).

Es un envasador de comanufactura líder a nivel mundial, especializado en el formato pouch. La planta opera bajo estándares internacionales y al más alto nivel de certificación de calidad y seguridad alimentaria (BRCGS AA), sociales y éticas (SMETA/Sedex), religiosas (Kosher y Halal) y orgánicas para los mercados de Chile, EE. UU., Europa, Japón, Brasil, China, Canadá y México.

Comprometida con su entorno, la compañía colabora con instituciones locales y promueve la cultura “Poka Yoke” (hazlo fácil), reforzando la eficiencia y la seguridad en cada proceso. Así, impulsa el desarrollo agroindustrial regional, transformando la producción agrícola en alimentos infantiles de alto valor agregado y consolidándose como el primer exportador chileno del rubro.

En Traiguén, una de las zonas más afectadas, el incendio ha destruido ocho viviendas y ha causado daños en el Liceo Providencia, que fue evacuado a tiempo, trasladando a sus alumnos y funcionarios a un albergue sin que se reportaran heridos. Además, dos carabineros resultaron lesionados y fueron derivados al Hospital de Traiguén. En respuesta a la emergencia, se han habilitado tres albergues para los damnificados, mientras la Cruz Roja ha activado asistencia psicosocial y primeros auxilios comunitarios.

Debido a la gravedad de la situación, las clases en la zona fueron suspendidas y Senapred ha enviado nueve mensajes de alerta del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para facilitar las evacuaciones. Las autoridades continúan monitoreando los focos activos y coordinando la entrega de ayuda a las personas afectadas.

En ese contexto, por iniciativa del ministerio de Agricultura a través de ODEPA, fue convocada la denominada “Mesa del maíz”, con presencia de representantes de los poderes compradores, como Agrosuper, y de los productores, representado por Agricultores Unidos, la emergente organización gremial que ha desplazado en adhesión y capacidad de convocatoria a la tradicional Sociedad Nacional de Agricultura.

Sin embargo, la reunión de la “mesa del maíz” realizada ayer fue un fracaso, según denunció Agricultores Unidos a través de una declaración difundida esta jornada, responsabilizando a “los representantes de los poderes compradores del maíz” que se niegan a “abordar prioritariamente el tema del precio a pagar a los productores”.

Además, Agricultores Unidos afirma que “desafortunadamente y de manera incomprensible, ODEPA parece respaldar la postura de los compradores al convocar reuniones con agendas irrelevantes y alejadas del principal problema que afecta a los productores prioritaria: el precio del maíz”.

De acuerdo con el comunicado, Agricultores Unidos le ha manifestado al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, “la necesidad de trabajar en cuatro áreas con el fin de explorar y encontrar salidas razonables a la crisis que afecta a los productores:

1- Transparencia en el precio, con la propuesta de que los compradores paguen el equivalente al costo final de importación, precio puesto en planta (CAI) en Doñihue”.

2- Abordar la situación de la cosecha concentrada y con mayor humedad, solicitando a los compradores no recibir maíz importado en los próximos 50 días.

3- Realizar un taller para discutir la situación de los granos transgénicos en el mercado nacional, considerando la incongruencia que significa que los productores nacionales no puedan usar semillas transgénicas y no haya restricciones en esta materia para el maíz importado.

4- Organizar un taller para abordar el mercadeo de los fertilizantes”.

Desde Agricultores Unidos, se ha señalado a Atentos que mientras no haya una conversación seria respecto del tema del precio, será difícil avanzar en otras materias. Ahora la palabra la tiene el ministro Valenzuela, que no ha mostrado liderazgo ni capacidad para enfrentar los complejos problemas que viven los productores primarios.

Para el dirigente de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, el núcleo del problema, “que es histórico y afecta a toda la agricultura primaria”, se encuentra “en las distorsiones del mercado, que permite a los compradores imponer precios a los productores. Nos imponen precios y estamos obligados a aceptar lo que se les ocurre pagarnos”.

La semana pasada tuvieron una reunión con un grupo de parlamentarios de la región de La Araucanía. ¿Qué le pareció dicho encuentro?

Sí. La semana pasada nos reunimos con los parlamentarios. Hay algunos que manejan el tema agrícola, otros no saben nada, pero hay buena voluntad para hacerse cargo de la crisis y trabajar para salir de ella. Incluso firmaron un documento en el que se comprometen a trabajar en las materias agrícolas, para salir de este hoyo.

Y el jueves asistieron a la ‘Mesa del trigo en Santiago’…

Así es, en el Ministerio de Agricultura y asistió el ministro (Esteban Valenzuela) y su gente, el SAG, el INIA, ODEPA. También estaba la subsecretaria (Ignacia Fernández), había representantes de los molineros, de la SNA, entre otros.

¿Hubo consenso en torno a las causas de la crisis?

No. Ni siquiera el ministro quiere reconocer la crisis, solo lo hace ‘en parte’, según sus propias palabras. Él está influido por la SNA, se le nota demasiado y ellos están totalmente desconectados de la realidad.

La SNA estuvo representada por Juan Pablo Matte. Dijo un par de cosas intrascendentes y se fue. Pero ya sabemos que las propuestas de la SNA no reconocen el origen del problema, que está en los precios.

Los molineros no dicen nada ni dan señales, ellos, en su mundo. Le echan la culpa a la calidad del trigo, pero el representante del INIA les aclaró que llevan 60 años trabajando en el mejoramiento genético de semillas para la industria panadera. Además, se quejan de sus costos de producción, como si nuestros costos no fueran altos.

  ¿Cuál fue la postura de ustedes en la mesa?

Planteamos desde el principio nuestra postura sobre las medidas que se han propuesto, insuficientes, de parche. El problema central son las distorsiones de mercado y el abuso de posición dominante de los poderes compradores, de los molinos. Al menos en esta materia el ministro nos apoyó y les dijo a los molineros que ellos deben poner atención a lo que planteamos.

Yo mostré un documento de ODEPA, de la época en que Antonio Walker era ministro de Agricultura en 2019, en el cual se detalla que lo que va a suceder en un tiempo más respecto al tema del trigo, cómo han disminuido las hectáreas sembradas, cómo está latente el abuso del poder dominante, cómo existe un conglomerado de molinos que se une para importar con trigo y que muestra una gráfica en la que se ve constante la línea de la harina y la caída en picada del precio del trigo. Además, en dicho informe queda claro que la industria molinera está altamente concentrada y cruzada por relaciones familiares.

De ahí en adelante (en la reunión), los molineros bajaron sus argumentos y dejaron de opinar. Hubo un cruce entre los representantes del G9 (sociedad de molineros que tiene por objeto la importación de trigo) y nuestro abogado Cristián Contreras, que les explicó que estas situaciones de integración vertical están en otros países penadas por la ley, pero estamos en Chile y el sistema permite que hagan lo que quieran.

También les planteamos a los molineros que tenemos que trabajar en conjunto, buscar alternativas que transparenten las calidades. Nosotros podemos trabajar con eso y llegar a la calidad que supuestamente requieren.  Además, mi compañero Diego Manquilef, de la comunidad Fermín Manquilef señaló que los trigos que traen de afuera son trigos débiles o trigos intermedios.  Nosotros producimos trigos fuertes, también producimos intermedio y débil, por lo tanto, no se ve dónde está el problema de la calidad. Nuevamente los molinos guardaron silencio, no respondieron nada.

Al menos en la SOFO encontramos apoyo, nos encontraron razón en los planteamientos, pero obviamente defendiendo sus posturas como gremio.

 ¿Acordaron algo con relación a los plazos para implementar medidas de solución a la crisis?

Respecto a los plazos, mañana tenemos reunión acá en la gobernación (de La Araucanía) con el director de nacional INDAP, con ODEPA y con el ministerio de Hacienda, por las medidas de corto plazo para poder salvar a los agricultores que se puedan salvar. Pero no hubo medidas concretas. Sólo se dijo que se va a realizar un taller… pero el gobierno sabe que, si no se encuentra una solución a esto, nosotros vamos a ir la calle en una megamovilización. Estamos muy organizados, hay mucha gente que está descontenta, hay gente que no tiene nada que perder y el gobierno tiene que solucionar esto a más tardar a fines de abril.  Si no, nos vamos a unir a Huachipato, nos vamos a unir a los camioneros, y vamos a hacer una movilización más grande de lo que se ha hecho hasta ahora. La SNA va a ser responsable de las marchas, por su ausencia, por su total ausencia. ¿Por qué ellos no llamaron a movilizaciones antes? ¿Por qué no levantaron a los agricultores ni tomaron medidas de presión? Básicamente, se fueron en puras conversaciones y no lograron nada. No se dan cuenta de que acá va a haber un estallido agrícola y vamos a salir con los tractores a la calle en todas las comunas del país.

¿Cuál es el balance de la reunión?

La verdad es que fue un conversatorio. No hubo cosas concretas a partir de las cuales poder trabajar. Se va a hacer un taller, nada más. Pero bueno, vamos a volver a venir a Santiago y vamos a defender el trigo.

Lo importante es que ganamos fuerza porque en 10 años o 20 años la mesa del trigo siempre ha sido dominada por la SNA y por los molineros, siempre se dan la mano y toman café. Ahora no fue así. Abrimos un espacio de discusión y dijimos claramente que los Agricultores Unidos de Chile no vamos a transar frente a la crisis, a las distorsiones y a los abusos. No nos quedaremos callados y vamos a dar vamos a la lucha.

¿Qué les pareció la declaración de la SNA sobre el tema arancelario, a propósito de la crisis de Huachipato?

Demuestra la poca información y el poco conocimiento técnico de la SNA.  Defienden a brazo partido a los exportadores de fruta, pero parece se les olvidó echar una miradita a cómo funcionan los mercados internacionales, cómo funcionan aquellos países donde nosotros ponemos la fruta, donde sí ellos tienen medidas de protección para su agricultura y su industria, a través de aranceles y a través de impuestos.

Recibo el llamado de una agricultora de la región de El Maule. Me comenta que se siente “derrotada por el nivel de la gente a cargo de la agricultura” y me pide que vea la sesión de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que sesionó en Talca el 21 de marzo.

Esto de que las sesiones queden en YouTube es genial. No necesito viajar al pasado, basta con buscar el material y ahí está: en una sala chica, llena de gente variada, diputados empeñosos, agricultores desesperados y un ministro incómodo, se desarrolla una sesión en la que predominan los productores intentando que las autoridades entiendan que hay que hacer algo urgente porque el agro está en crisis.

Desfilan expositores, hombres y mujeres. La uva y el trigo se toman la escena y el mismo problema de siempre: los abusos a los productores por parte de los poderes compradores, facilitados por un mercado en el que campean las distorsiones. Años la misma discusión sobre una crisis que ha pasado por la Fiscalía Nacional Económica a propósito de la leche, o que ha sido reconocida por la propia ODEPA, en el caso del trigo, dependiente del ministerio de Agricultura, en un informe de 2019 cuando el actual presidente de la SNA, Antonio Walker, era ministro. Sí, el mismo que ha sido, además, director de empresas como Soprole, y que hoy se presenta como actor de la solución cuando ha sido y para muchos sigue siendo, parte del problema.

De entre quienes exponen, destaca una señora mayor, productora de uva, endeudada hasta más no poder, a la que algunos irresponsables pretender endeudar aún más, como si esa fuera la solución a un problema estructural. Llaman la atención otro par de exposiciones, una de un agricultor y dirigente que plantea que con cambiar la fecha a su presentación quedaría actualizada y otra de un productor que señala que no teme hablar porque ya perdió todo. Este mismo pone contra las cuerdas al ministro y da una lección de economía a los asistentes.

A Esteban Valenzuela se le nota incómodo. Habla y dice poco, como siempre. Entre que no entiende y está aliado con la SNA, desconoce la realidad. Difícil posición para el secretario de Estado de un gobierno de izquierda que vino a cambiarlo todo y a enfrentar a los oligarcas que medran a expensas de los más débiles, de los trabajadores y, en este caso, de los agricultores.

Los diputados se aprecian entusiasmados con hacer algo. Reconocen la crisis de manera transversal, Juan Antonio Coloma habla sin tapujos de la existencia de oligopsonios y queda la sensación de que se avanza algo.

Queda claro, en la Comisión, que el problema de la agricultura primaria son los bajos precios impuestos en un sistema que permite las distorsiones de mercado. También es evidente que la crisis lleva años, muchos años, y que los gremios tradicionales, como los llamó el ministro, no han hecho nada.

¿Dónde han estado los gremios remolacheros, los lecheros y los otros? ¿Qué han hecho la SNA y los que conforman su ecosistema gremial? ¿Qué ha hecho el Poder Legislativo? ¿Qué ha hecho el Ejecutivo?

Nadie ha hecho nada y quieren seguir haciendo nada, porque sirven a intereses superiores que no necesariamente están alineados con el bien común. Al menos esa es la impresión que dan y queda la sensación de que trabajan para esa oligarquía que este gobierno tanto dice aborrecer, o son unos incompetentes absolutos y consuetudinarios.

Como sea, las cosas en algún momento tienen que cambiar. No cuesta tanto reconocer que hay un problema, la agricultura primaria vive una crisis terminal; reconocer sus causas, las distorsiones de mercado; y actuar para solucionar el problema: legislar como corresponde, de manera racional, bien intencionada y aspirando al bien común.

Tras ver la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, queda la sensación de que los parlamentarios saldrán de su zona de confort y esta vez, harán la pega. Quizá no es su responsabilidad estar donde estamos, sino quienes los antecedieron en el parlamento son los responsables de haber llegado a esta situación insostenible. Pero deben cumplir con la voluntad expresada: hacer ahora. De lo contrario, se sumarán a la lista de ineptos que han traído las cosas hasta este lugar: una crisis desatada, terminal y que pone la seguridad alimentaria de los chilenos en serio riesgo.

La mala noticia para él es que es triguero, y ya sabemos cómo está de desatada la crisis por los precios “impuestos por los molineros”. En este contexto asumió el liderazgo de un movimiento que “la próxima semana se materializará en la fundación de una asociación gremial”.

El pasado jueves, Guzmán junto a otros representantes del mundo del agro, fue recibido en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y recibe el llamado de Atentos para comentar sus sensaciones y hacer un balance de la reunión.

¿Cuál es su evaluación de la reunión de ayer en la comisión de agricultura?

Estuvo el ministro de Agricultura (Esteban Valenzuela), propuso alguna ideas que no son suficientes, soluciones que no apuntan al foco de los problemas, pero al menos esta vez hubo voluntad de dialogar y eso se rescata, pero no se dieron fechas claras de cuándo se va a concretar lo relativo a nuestras solicitudes. Creo que más que una reunión de trabajo y planificación fue un conversatorio.

Los diputados tuvieron una muy buena disposición y se ve que están dispuestos a tomar las iniciativas necesarias para sacar esto adelante. Esperamos que a partir de ahora avancemos hacia las soluciones y salgamos de la crisis en que estamos.

¿Cuáles son las demandas de Agricultores Unidos?

Buscamos equilibrar el mercado, este mercado lleno de imperfecciones que está generando tremendos problemas a los agricultores. Ahora tenemos el tema del trigo, en dos semanas parte el tema del maíz y esos precios de venta van a estar muy bajos, eso ya está claro. Está el problema de la uva, no puede ser que a una señora de 80 años le estén pagando a setenta pesos el kilo de uva cuando tiene un costo de producción de 100 pesos. Eso es tremendo. Las imperfecciones del mercado están destrozando la agricultura y eso no lo podemos permitir.

Por eso nuestras demandas son que se enfrenten las distorsiones que permiten los abusos y que se pague a los agricultores, a todos los sectores porque todos tenemos el mismo problema, el precio de paridad de importación por sus productos. Debe atacarse el abuso de posición dominante de los poderes compradores. Además, el gobierno tiene que reconocer que estamos en crisis.

También es necesaria una moratoria de créditos que nos permita postergar el pago del capital e intereses, porque estamos en una emergencia que altera la normalidad de la producción primaria, con las consecuencias que eso puede traer para el país y para la gente. Estamos hablando de la alimentación de los chilenos.

¿Cuáles son las diferencias entre sus propuestas y las de la Sociedad Nacional de Agricultura?

Las propuestas de la SNA son soluciones ‘parche’, que van a terminar beneficiando a los agroindustriales… si nos pasan créditos blandos en la situación actual, esa plata se va a terminar beneficiando a los poderes compradores y nosotros no vamos a poder pagar los créditos. Esas no son soluciones.

Hay que atacar los problemas en su origen y el problema está en el mercado. Hay que atacar las distorsiones, los abusos de posición dominante, hay que establecer un equilibrio y la posibilidad de competir.

La SNA siempre está haciendo propuestas de papel, sentada con los molineros y con los agroindustriales, pero eso no ha servido. Todos estos años, al menos desde el 2000 en adelante la agricultura chilena ha ido en decadencia entonces yo pregunto dónde han estado los gremios en todo este tiempo. Hay que hacer la pega en la calle, en el papel (en referencia a informes técnicos). Hay que hacer la pega activamente para poder salvar a la agricultura chilena.

El ministro Valenzuela ha sido reacio a reconocer que existe una crisis estructural en la agricultura. ¿Cree que ha cambiado su visión?

Yo creo que el ministro no ha cambiado su visión. Lamentablemente la experiencia de la gente del Mataquito dice que el ministro deja las cosas ahí, dando vueltas y no las cumple.

Nosotros no estamos confiados en que el ministro vaya a cumplir en el corto plazo, sabemos que tenemos que seguir metiendo presión porque así funciona la política, lamentablemente. Han sido años de abusos. Nos somos tontos y nos damos cuenta de las cosas.

Yo creo que el ministro tuvo una actitud pasiva, de escuchar para dejarnos contentos con las señales que dio y las respuestas, pero en realidad no dijo nada. Nosotros no nos vamos a quedar con eso, vamos a seguir luchando y si de aquí a una fecha razonable no hay respuestas concretas, vamos a mantener las movilizaciones a lo largo de todo Chile. Y que quede claro: las fuerzas se están sumando. Al menos la gente del Maule está desesperada y se nos van a unir para las próximas movilizaciones. También están los productores de Los Ríos y Los Lagos, me ha hablado gente de O’Higgins, de diversas partes.

Hubo opiniones bastante unánimes y transversales entre los diputados en cuanto que los problemas en el agro llevan mucho tiempo, en que hay distorsiones en el mercado y en que es necesario legislar al respecto ¿Está de acuerdo?

Estoy de acuerdo. Además, yo creo que acá las soluciones son de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo hay que normalizar los créditos de la gente que está endeudada hasta el cuello. Ahí tenemos que atacar un problema que se puede solucionar con una llamada telefónica entre el ministro de agricultura y el presidente de BancoEstado. Pero para que esto pase, tiene que haber intención por parte del gobierno. Si esa intención no exista acá no va a cambiar nada

En cuanto a las soluciones de largo plazo, habrá que modificar decretos, legislar responsablemente, hay que generar una legislación que vaya en beneficio del sector agrícola.

Que quede claro: nosotros empezamos con el trigo, pero no nos quedamos ahí. Trabajamos para el agro en su conjunto, total. La agricultura es una sola hoy y la agricultura es ahora y si no solucionamos la crisis, vamos a seguir perdiendo productores en todos los sectores.

Espero que los diputados colaboren y empujen una legislación que permita terminar con las distorsiones de mercado y con los abusos de las transnacionales.

¿Qué piensa de la propuesta de otorgar créditos blandos a los agricultores?

Y seguir endeudándonos… No estoy de acuerdo, pero es una medida que puede ayudar a paliar los problemas, pero no es una solución. Hay gente que está en el borde de la quiebra y a lo mejor un crédito blando podría ayudar a solventar su estructura de costos hasta el próximo año, pero el problema es el precio, tenemos que atacar el precio y que se respete el precio de paridad de importación para que cuando los agricultores vayamos a vender nuestra producción la vendamos a un precio competitivo, que considere los costos y que no genere pérdidas.

Respetándose el precio de paridad los agricultores no vamos a tener problemas para pagar nuestras deudas porque vamos a poder mantener nuestros ingresos y mantener nuestros márgenes, pero en este momento estamos con la soga al cuello porque el negocio no nos da, estamos saliendo para atrás con 400, con 500 lucas por hectárea, eso es una tremenda cantidad de plata. Este es un problema muy grande que, si no se soluciona ahora, el día de mañana no va a haber agricultura y no va a haber comida.

Finalmente, Camilo Guzmán hace una reflexión: “el trigo es una siembra social porque es el sustento de la alimentación de la gente de nuestro país, de la gente más pobre” y luego se acuerda de los trabajadores de Huachipato señalando que “duele que se pierdan 22 mil empleos. Es otro rubro, distinto de nuestro, pero solidarizo con ellos como chileno y como trabajador”.

La crisis por la que atraviesa la agricultura primaria es tan profunda, que hasta la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), habitualmente silente y negacionista de los problemas cuando no afectan a los grandes productores ni a los agroindustriales, se ha visto obligada a reaccionar.

Presionada, tal vez, por la movilización de los productores de trigo de las regiones del Maule, de La Araucanía y de Los Ríos, la SNA difundió una tibia declaración en la que intenta proponer algunas medidas para enfrentar la crisis, pero es incapaz de hacerse cargo de los problemas de fondo de esta. De nada sirve “solidarizar” si no es capaz de proponer soluciones concretas.

En su declaración, la SNA hace referencia a los rendimientos del trigo por hectárea, que según plantea no alcanzan para cubrir los costos. Alguien debería avisarle a Antonio Walker y sus asesores que el rendimiento no guarda relación absoluta con el precio. Si su diagnóstico de la situación es así de equivocado, es comprensible que sus propuestas no consideren ni de cerca el problema de fondo. El rendimiento depende de las habilidades de cada productor y de las condiciones ambientales de la zona en que siembra. El precio, que es el problema, depende del mercado y de las condiciones en que este opera, con o sin distorsiones, entre otras.

De manera equivocada, la SNA hace alusión a los costos de producción. Muchos caen en la misma tentación, pero tampoco está ahí el origen del problema. Si al productor le pagaran un precio formado en el mercado y no impuesto arbitrariamente por un poder comprador compuesto por pocos actores, de los costos no hablaría nadie ni serían un problema para los agricultores.

Entre las propuestas planteadas por la SNA para hacerse cargo de la crisis, aparece la implementación de un crédito cerealero por parte de BancoEstado, en condiciones preferenciales y con garantía estatal. Esto, más que una solución parece un salvavidas de plomo: ¿no se entiende que los productores están quebrados por los precios abusivos que les impone un poder comprador oligopsónico? Seguir endeudando a los agricultores es irresponsable y el gremio que dice representarlos debería entender que no podrán pagar los créditos. Esta propuesta más bien parece una forma de seguir traspasando dineros a los agroindustriales y resulta vergonzoso involucrar al BancoEstado, comprometiendo recursos de todos los chilenos.

La SNA no entiende o no quiere entender que, si el precio del trigo fuera determinado de manera transparente en el mercado, los agricultores serían sujetos de créditos tradicionales y no habría que inventar este tipo de fórmulas inútiles. El sistema financiero presta dinero a industrias sanas, cuyos actores califican para acceder al crédito, lo que ciertamente no es el caso de los productores primarios, como cerealeros, lecheros o viñateros. Ninguno califica y los ingeniosos de la SNA proponen endeudarlos más. Resulta incomprensible la falta de responsabilidad y de competencias técnicas de la organización gremial más antigua del país que, además, está encabezada por un ex ministro de agricultura.   

Plantear una inyección de capital a COTRISA, como hace las Sociedad Nacional de Agricultura, es análogo al crédito cerealero: no es buena idea traspasar recursos públicos a una institución que eventualmente tendría que vender el trigo por debajo del costo de compra si es que los molineros imponen el precio. Habría que revisar el rol de COTRISA en un mercado distorsionado, pero ese análisis es para otra oportunidad.

Sobre la propuesta de estudiar un mecanismo para inhibir la importación de trigo durante la época de cosecha nacional, es cuestionable su eficacia, porque hay que considerar que, a diferencia de la uva, el trigo se puede almacenar y guardar por meses y años. Inhibir la importación durante 60 o 90 días, que es lo que dura el período de cosecha, no representa una solución de nada. Nuevamente, la SNA propone una medida intrascendente que no se hace cargo del problema que, insistimos, es el bajo precio impuesto en condiciones abusivas.

En cuanto a solicitar un análisis de aduanas y el SAG sobre la calidad y características del trigo importado, es irrelevante en esta crisis. Es algo que se hace y considerando la tecnología disponible ni siquiera es complejo. Proponer esto parece relleno y distrae la discusión del problema de fondo: el precio.

La SNA sugiere que ODEPA avance hacia una mejor y oportuna información que permitirá a los agricultores planificar y orientar sus decisiones de siembra. La transparencia en la información es importante por lo que los agricultores serios y las organizaciones que cuenten con técnicos capaces,  deberían trabajar con ODEPA para publicar de forma oportuna los datos relevantes para la industria del trigo. En todo caso, del precio, nada.

Otra propuesta es que Agroseguros considere que los agricultores puedan tomar seguros paramétricos frente a los riesgos y desarrolle mecanismos para seguros de precios. Habría que explicarle a la SNA que esta materia no tiene ningún sentido. Se trata de una relación entre privados, que existe y debe desarrollarse en el ámbito que corresponde. ¿Qué tiene que ver esto con el problema que fundamenta la crisis? Nada.

En relación con la ronda de conversaciones que la SNA pretende tener con el fiscal nacional económico, con la industria molinera y con la industria del pan, con el fin de encontrar antecedentes que permitan establecer la existencia de distorsiones que afecten la libre competencia, tampoco es una medida que ataque el problema inmediato. Es una realidad que la Fiscalía Nacional Económica es un ‘perro sin dientes’ y muy difícil probar algún tipo de colusión. Además, comparecer ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un proceso eterno y reservado a una elite que cuente con recursos cuantiosos para litigar en el tribunal más caro del país. Una justicia inaccesible por sus costos no es justicia, por lo que los productores primarios seguirán en la indefensión.

Los molineros, a su vez, son parte del problema y jamás han demostrado intención alguna por buscar una solución y los panaderos no son actores directos en esta crisis que, no hay que confundirse, es generalizada y afecta a todos los sectores de la agricultura primaria. Otra medida inútil e innecesaria.

La SNA jamás referencia al núcleo del problema: los precios bajos impuestos a los productores por un poder comprador con evidentes características de oligopsonio, que favorece los abusos a la parte débil de la transacción, lo que se ve favorecido por un macabro sistema de determinación de precios. La solución es simple: basta con que se determine el precio a través de la paridad de importación. Pero a algunos les gusta la libre competencia cuando les conviene, no cuando las distorsiones los favorecen.

Lo que hay que hacer es simple: legislar para que el sistema no permita que se produzcan abusos hacia los productores y dejar de ‘sacar la vuelta’ buscando excusas y proponiendo soluciones ‘parche’ que no se hacen cargo del problema y sólo conducen a despilfarrar recursos del Estado y a seguir subsidiando a los industriales, ya que cada peso entregado los agricultores, en definitiva, termina en los bolsillos de quienes conforman el poder comprador. ¿Al consumidor final, le baja el precio del pan? Ya sabemos que no.

En este estado cosas, la SNA es parte del problema. Es raro que siempre llegue tarde a las discusiones, que sus diagnósticos siempre sean errados, que siempre parta de premisas equivocadas. Sus propuestas no tienen ningún fundamento técnico ni práctico y no se hace cargo de la crisis. En definitiva, la Sociedad Nacional de Agricultura no representa los intereses de los agricultores y no aporta nada, por lo que resulta imperioso que surja un nuevo gremio que agrupe a los productores nacionales, que de cuenta de la realidad actual del país y no de una sociedad anclada en el siglo 19, desconectada de la realidad y representada por una casta incumbente que rinde cuentas a los poderosos de siempre.

Las movilizaciones de agricultores de distintas regiones del centro y sur del país ocurridas la semana pasada y el grosero desaire del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela a los líderes del movimiento son el reflejo de la crisis que desde esta tribuna venimos destacando desde fines del año pasado.

Ante la indolencia absoluta de los gremios del agro, han sido un grupo de heroicos productores, con tierra en las manos, agricultores de verdad, los que han liderado las movilizaciones en Temuco y Talca, con una masiva respuesta de agricultores de Los Ríos, Biobío y Ñuble, en protesta por los abusos de los agroindustriales y por las distorsiones de mercado, los mantienen en una situación compleja como consecuencia de la imposición arbitraria de precios por sus productos, sin que se les pague precios de paridad de importación, poniendo en juego su supervivencia y la seguridad alimentaria de los chilenos.

En el contexto que vive la agricultura primaria, falta un actor: los gremios, entidades cuya misión es representar y defender los intereses de sus asociados. En esta crisis, brillan por su ausencia, lo que resulta extraño e incomprensible.

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), fundada en 1838 y es una de las organizaciones gremiales más antiguas del mundo. Desde sus inicios, ha estado estrechamente vinculada con la clase aristocrática chilena y a la elite, desempeñando un papel en el desarrollo de la agricultura y la agroindustria nacional. La SNA tiene, desde su inicios, el objetivo de promover el desarrollo agrícola y defender los intereses del sector.

Que en la crisis actual no veamos a la SNA ni a las organizaciones que forman parte de ella, como la SOFO, SAGO, APROLECHE o VINOS DE CHILE en una primera línea de defensa de los intereses de los agricultores, no debería sorprendernos. El origen del problema es la agroindustria que se favorece de las distorsiones de mercado y los poderes económicos que hacen prevalecer sus intereses por sobre los del resto de los chilenos. Y estas entidades son funcionales a la clase empresarial, por lo que no actuarán nunca en desmedro de los reales intereses que representan.

Los directivos y presidentes de la SNA, suelen ser figuras prominentes del sector agrícola y agroindustrial y por su influencia y vínculos con la clase política, la organización ha sido capaz de incidir, a veces negativamente, en decisiones gubernamentales que afectan al sector, defendiendo los intereses de sus miembros connotados, incluso a expensas de los productores primarios. Que el ministro Valenzuela menosprecie a los representantes de los agricultores es lo esperable, y su conducta demuestra que está capturado por los incumbentes, obedeciendo a intereses ajenos al bien común.    

La situación de los agricultores es insostenible y el impresentable ministro de Agricultura no aporta en nada a solucionar los problemas. Por el contrario, está sembrando el germen de un conflicto evitable a un gobierno lleno de problemas, sin medir que esta vez está en juego la seguridad alimentaria, la comida de las familias chilenas, el bolsillo de la clase media y el pan de la gente en las poblaciones.

La semana pasada nos dejó varias “perlas”, de esas que directa o indirectamente nos hacen renegar de la clase política y su desconexión con la realidad, desconexión que se debe a la más supina ignorancia, a la captura por parte de los poderes fácticos o a una combinación perfecta entre ambas posibilidades.

Se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de la denominada “Ley de incendios forestales”. Pero la derecha, en bloque, votó en contra de la indicación que prohibía la utilización de las áreas incendiadas a través del cambio de su uso de suelo y se rechazó esta parte de la iniciativa. En general, las inmobiliarias no pueden desarrollar proyectos y construir en suelos forestales. Cuando se incendia una zona forestal, se elimina la prohibición de uso para algo distinto al cultivo de bosques y puede modificarse el cambio de uso de suelo. Si se aprueba, pueden desarrollarse proyectos inmobiliarios sobre dichos terrenos.

En lugar de citar a Bombo Fica, me remito a lo declarado por la diputada Camila Musante tras la votación: “Sólo puedo pensar que tienen intereses comprometidos con las industrias que se verían desfavorecidas, en este caso las inmobiliarias”, afirmó en alusión a los parlamentarios que rechazaron la indicación en cuestión.

Otro capítulo importante de la crisis de la agricultura primaria, esa que el ministro Esteban Valenzuela no está enterado que existe, se vivió entre el martes y el jueves de la semana pasada.

Abandonados por el Estado, agobiados por los abusos de los agroindustriales y por las distorsiones de mercado, los agricultores primarios se movilizaron con el fin de visibilizar la dura realidad que enfrentan, sometidos a la imposición arbitraria de precios por un poder comprador oligopsónico y que como en todo el agro, ignora los precios de paridad de importación, sin que existan argumentos técnicos y económicos que justifiquen semejante aberración.

La actual situación hace insostenible el desarrollo de nuestra agricultura primaria y la viabilidad de la producción nacional. Está en juego la seguridad alimentaria de los chilenos y arrastra al país a la dependencia de la importación de comida, con todo lo que ello implica, incluido el golpe a su bolsillo, querido lector. Vea cómo sube el dólar y pregúntese cómo eso lo afecta cada vez va al supermercado, enójese porque Chile, un país agrícola por naturaleza, se ha transformado en dependiente de las importaciones por culpa de una clase política sumisa a intereses mezquinos, en desmedro de los productores nacionales y de los chilenos, de los trabajadores, de las familias.

El gobierno tiene una oportunidad histórica de cambiar las cosas. Los productores se la están dando, mostrando, iluminando. Habrá que ver si las autoridades, que dicen ser distintas, sostienen un correlato coherente y aprovechan la oportunidad de hacer algo por el agro nacional, libres de presiones y de tentaciones.

Hace un par de días tuvimos la suerte de conocer una carta abierta dirigida a Román Blanco, gerente general del Banco Santander en Chile, por el Sindicato de Trabajadores de Chilterra, pidiéndole intervenir ante la torpeza de solicitar la quiebra de Agrícola Dos Ríos, no obstante contar con garantías suficientes para cubrir el monto de la deuda y encontrarse en una negociación para la venta de los fundos de la empresa a la CONADI, con un completo plan de desarrollo económico y social de por medio, de acuerdo a lo que hemos podido conocer.

En diversos medios cercanos al pueblo mapuche, se ha destacado el origen español del banco en cuestión, en una clara alusión a las divergencias históricas existentes entre unos y otros, tal vez con un exceso de celo en la alusión, pero con una acertada argumentación, al igual que lo hace el sindicato en su carta.

Con elocuencia, los trabajadores hacen un llamado a actuar con sentido común y repasan con estilo a los abogados involucrados: “No sabemos si esta situación se ha producido por la inoperancia de los representantes de Agrícola Dos Ríos y de Chilterra y por ineptitud y desidia de sus abogados. Tampoco sabemos si es por la tozudez de los abogados del banco Santander”.

Luego agrega que “es incomprensible la falta de capacidad para dialogar y tomar decisiones razonables, ni siquiera inteligentes, sólo razonables, considerando la importancia de lo que está en juego”.

Claro, se entiende perfectamente: pedirles que actúen de manera inteligente, es demasiado. En eso son comprensivos los trabajadores y los instan a ser razonables, aunque esto, considerando el estado de las cosas, es demasiado pedir.“La importancia de lo que está en juego” es una afirmación potente, que no debe ‘pasar colada’.

La macrozona sur está colapsada de problemas, pobreza y violencia. Sumarle más cesantía y derribar el sueño de las comunidades mapuches de desarrollar un proyecto agroindustrial por lo que parece ser un capricho insensato de los impacientes abogados del banco, definitivamente no es lo más inteligente.

Es de esperar que el gerente del banco sea un poco más despierto que sus abogados y atine, los llame al orden y contribuya, desde su posición de privilegio, a terminar con la torpeza y contribuir a que haya paz social.