Una investigación revelada por BBCL destapó que Carabineros de Chile ha contratado como defensores externos a dos reconocidos exfiscales, Alejandro Peña y José Villalobos, quienes figuran en la nómina de abogados vinculados a la defensa de narcotraficantes, según registros actualizados por la Contraloría General de la República. Ambos integran el llamado «bufete verde oliva», un grupo de abogados penalistas que, a cambio de millonarios honorarios, representan judicialmente a funcionarios policiales imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Los pagos a Peña y Villalobos alcanzaron los $2,5 millones cada uno solo en mayo de 2025, y provienen de una combinación de aportes de los propios uniformados y recursos públicos. El caso genera controversia debido a que estos abogados han defendido a imputados por tráfico de drogas, incluso en causas de alto perfil internacional. Uno de ellos fue absuelto recientemente, pese a su presunta participación en el envío de 100 kilos de cocaína desde San Antonio a Róterdam, lo que reaviva el debate sobre los límites éticos de estas contrataciones.
Carabineros justificó las contrataciones como asesorías externas, sin vínculo laboral permanente, y recalcó que la Ley 20.000 —que impide emplear a abogados ligados a imputados por narcotráfico en la administración pública— no se aplica a estos casos. La institución valoró la trayectoria penal y académica de los juristas y defendió que no es posible discriminar completamente la naturaleza de todas las causas en las que han participado, pese a que sus vínculos con redes narco están documentados en registros judiciales públicos.
