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Textos escolares en la controversia: Parlamento acusa al Gobierno de amarre ideológico en nuevos reglamentos educativos con enfoque de género

La reciente circular emitida por la Superintendencia de Educación el 23 de diciembre, que establece un «enfoque de género» como eje transversal en los reglamentos de todos los colegios del país, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político. La palabra «género» aparece 76 veces en el documento, lo que ha llevado a la oposición a acusar al gobierno de un «amarre ideológico» a menos de tres meses de finalizar su mandato.

Según la circular, todos los reglamentos y medidas que afecten a la comunidad educativa deben considerar la variable de género. Esta medida ha suscitado preocupación y rechazo entre sostenedores de colegios y parlamentarios de oposición. El senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Educación, criticó la acción del gobierno, afirmando que «quiere imponer su agenda ideológica a través de decreto, y eso es muy grave, porque finalmente está actuando de manera autoritaria, sin diálogo y sin transparencia».

Sanhuéza anunció que solicitarán al presidente entrante que se deje sin efecto esta determinación a partir del 1 de marzo.

Por su parte, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, calificó la decisión como una «imprudencia» y «de mal gusto», señalando que el gobierno debería haber evitado imponer normas en el último minuto. «La superintendencia empieza a hacer un amarre al dictar normas de efecto prácticamente inmediato, y eso muestra que han hecho bastante poco», añadió Rodríguez.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al asunto destacando que «quizás hay un debate, pero es un diálogo entre la superintendencia y los sostenedores». Asimismo, se mencionó que el Gobierno ha enfrentado conflictos similares en el pasado por su agenda en educación sexual.

En defensa de la circular, Loreto Orellana, superintendenta de Educación, aseguró que se realizó un trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación y destacó que la legislación vigente no obliga a la superintendencia a realizar consultas previas sobre asuntos de regulación.

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