La contralora general de la República, Dorothy Pérez, reveló ante la Comisión de Economía del Senado que en los últimos dos años se han detectado “errores muy considerables” en los pagos masivos a proveedores realizados por el aparato público. La autoridad advirtió que estas irregularidades podrían prevenirse si la Contraloría tuviera acceso directo a las cuentas bancarias donde se depositan recursos estatales, lo que hoy está limitado por el secreto bancario.
Pérez cuestionó que el acceso a esta información depende de la autorización del titular de la cuenta, calificando el mecanismo como poco confiable para la auditoría. Subrayó que la falta de atribuciones impide detectar en tiempo real duplicidad de pagos, remuneraciones fuera de rango, uso irregular de tarjetas institucionales o transacciones no autorizadas. Además, recordó que el secreto bancario, si bien protege los recursos privados, no debería obstaculizar la fiscalización de los fondos públicos, donde deben primar la probidad y la transparencia.
La autoridad planteó modificar la Ley N° 10.336 para facultar a la Contraloría a funcionario directamente a los bancos y obtener datos de cuentas institucionales. También propuso unificar los proyectos en trámite que flexibilizan el secreto bancario, ampliando el listado de autoridades obligadas a autorizar el acceso a sus cuentas. Advirtió que sin estos cambios, el riesgo de errores e irregularidades seguirá afectando la correcta administración de recursos estatales.
