El diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto (PPD), le entregó una carta al presidente, Gabriel Boric, proponiendo la entrega de pensiones de gracia vitalicias a las familias de los seis trabajadores fallecidos tras el derrumbe en la mina El Teniente.
“Los mineros caídos en El Teniente no sólo entregaron su fuerza laboral, sino también sus vidas en el cumplimiento de un deber que, en esencia, contribuye al desarrollo económico y productivo de nuestra nación”, argumentó Soto en su misiva.
Hay que recordar que en la tragedia, murieron Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.
El parlamentario apeló a la aplicación del artículo 32, N° 14, de la Constitución Política de la República, que detalla como atribución especial del jefe de Estado el otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.14. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.
El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso.
Soto agregó en su carta que, fundamentado en la ley, estas pensiones pueden concederse a personas naturales por “razones fundadas de carácter social, humanitario o de reconocimiento a servicios prestados al país“, permitiendo así al Ejecutivo actuar “con justicia y compasión ante casos excepcionales como el que nos convoca”.
El legislador recordó que tras el derrumbe ocurrido en la mina San José el 2010, se otorgaron pensiones de gracia a los sobrevivientes y a sus familias como reconocimiento al sufrimiento vivido y al valor de su experiencia.
Por tanto, “ese mismo estándar ético debiera aplicarse a quienes no sobrevivieron, pero cuyo testimonio, proyectado en sus familias más cercanas, no debe quedar en el olvido ni en el abandono”.
“La medida solicitada constituye un gesto concreto de humanidad, memoria y reconocimiento hacia quienes, con su trabajo, han sostenido el crecimiento de Chile incluso a costa de sus vidas”, expresó el diputado.
Así, y considerando la magnitud de los hechos, Soto pidió que se instruya al Ministerio del Interior, o al organismo que corresponda, el que se inicie el proceso administrativo que permita evaluar y, eventualmente, entregar pensiones de gracia vitalicias a las familias afectadas.
