El pasado jueves, un sismo de magnitud 4.2 provocó un derrumbe en la División El Teniente de Codelco, cobrando la vida de seis trabajadores. Los trabajos de rescate se extendieron hasta el fin de semana, y la tragedia ha sido calificada como una de las más graves en la historia reciente de la minería chilena. Desde entonces, persisten interrogantes sobre el origen del evento, luego de versiones contradictorias de altos ejecutivos de la estatal: mientras el presidente del directorio, Máximo Pacheco, atribuyó el movimiento a trabajos de perforación, el gerente general descartó esta causa.
La Fiscalía investiga las muertes como un cuasidelito de homicidio, tomando declaraciones a ejecutivos de Codelco y revisando registros en terreno. El propio Presidente Gabriel Boric exigió rápidamente en las diligencias, recordando que «cuando la justicia tarda y no es oportuna, no es justicia». Por su parte, Codelco anunció una auditoría internacional para aclarar lo ocurrido, en medio de cuestionamientos a las medidas de seguridad en faenas mineras, considerando que en 2025 las muertes en minería aumentarán un 60% respecto al año anterior.
Actualmente, las operaciones en El Teniente siguen suspendidas, generando pérdidas estimadas entre US$8 y US$10 millones diarios. Sin embargo, desde el Gobierno indicaron que no hay plazo para una reapertura. La ministra de Minería, Aurora Williams, aseguró que esto dependerá de los hallazgos técnicos y que el retorno podría ser parcial o total, según cada nivel de operación. A pesar del impacto económico y social, se enfatizó que la seguridad será prioritaria en cualquier decisión futura.
