La jueza Irene Rodríguez, suspendida por un mes de sus funciones tras haber dejado en libertad al presunto sicario Alberto Carlos Mejía Hernández —acusado del asesinato de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”—, se refirió públicamente por primera vez a la medida adoptada por el Poder Judicial.
Durante la jornada del sábado, y luego de conocerse la resolución de su suspensión, Rodríguez permaneció en su domicilio, el cual fue acordonado durante la noche. Sin embargo, esta tarde rompió el silencio y defendió su actuar, reiterando su inocencia en los hechos que terminaron con la excarcelación del imputado, actualmente prófugo de la justicia.
“No puedo asegurarles qué va a pasar con la resolución final. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy muy tranquila en ese sentido, y que yo siempre he trabajado con muchas ganas en el Poder Judicial, yo amo al Poder Judicial y lo sigo amando”, declaró la magistrada.
Rodríguez afirmó que no ha tenido acceso al contenido de la investigación en su contra y sostuvo que la medida disciplinaria adoptada es parte del proceso:
“Es lo que corresponde. Ni siquiera yo conozco la investigación. Yo sé lo que dije esa noche, no tengo nada más que decir. Mi último oficio fue la orden de una prisión preventiva que termina en un número 79, firmado a las 08:28 de la audiencia, y desde ahí nunca más he firmado un oficio hasta el día de hoy”.
Además, reveló que el nombre del presunto sicario ya estaba mal escrito en el documento que firmó y que desconoce el origen del error administrativo que habría derivado en su liberación.
La situación ha provocado una fuerte controversia pública, especialmente luego de que se confirmara que Alberto Carlos Mejía abandonó el país poco después de quedar en libertad. Paralelamente, una funcionaria del Poder Judicial fue imputada por su posible participación en la cadena de errores, y tanto la Corte Suprema como el Ministerio Público mantienen investigaciones en curso para determinar responsabilidades.
