La jueza Irene Rodríguez, del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, rompió el silencio tras la polémica liberación de Osmar Ferrer, imputado como presunto sicario en el homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. La magistrada aseguró que actuó conforme a la ley y descartó cualquier irregularidad intencional en el proceso.
En entrevista con 24 Horas, Rodríguez declaró: “No hubo ni dolo, ni corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Me declaro inocente en ese sentido”. La jueza recalcó que dictó prisión preventiva para los tres imputados del caso y que firmó las órdenes de ingreso respectivas al centro penitenciario Santiago 1.
“La audiencia está muy clara en lo que hice; decreté tres prisiones preventivas y mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería. Gendarmería dejó constancia de que la funcionaria recibió las tres órdenes y se las llevó esa noche”, explicó.
Sin embargo, el caso generó controversia debido a la existencia de tres documentos posteriores, emitidos entre las 20:17 y las 20:28 horas del mismo día: una nueva orden de ingreso para Ferrer, un decreto de libertad y otra orden de ingreso a prisión preventiva. Estas contradicciones son actualmente materia de investigación.
El imputado Osmar Ferrer, de nacionalidad extranjera, fue formalizado por su participación en el asesinato del comerciante en Ñuñoa y, pese a la medida cautelar impuesta, fue dejado en libertad por algunas horas, en circunstancias aún no aclaradas.
La situación ha encendido las alarmas públicas y ha derivado en cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial, especialmente tras recientes episodios que involucran amenazas contra autoridades y el avance del crimen organizado internacional.
Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público se indicó que se está realizando una revisión interna para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades administrativas o penales, si las hubiera.
