El reciente ataque a cuatro inspectores municipales de Santiago, agregados por comerciantes ambulantes en el barrio Meiggs, reactivó la urgencia de una ley de seguridad municipal que lleva meses estancada en el Congreso. Los funcionarios fueron golpeados con objetos contundentes en medio de un operativo de orientación, lo que motivó al alcalde Mario Desbordes a emplazar al Parlamento: “Si la ley estuviera vigente, los responsables enfrentarían sanciones más duras”.
El proyecto, que modifica la ley orgánica de municipalidades, busca fortalecer el rol de los equipos municipales de seguridad y mejorar su coordinación con las policías, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública. También propone crear la figura del inspector municipal con un nuevo marco jurídico, permitiendo el uso de elementos de protección personal, mayor capacitación y penas agravadas para quienes los agredan en el ejercicio de sus funciones.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente Gustavo Alessandri y otros jefes comunales advirtieron que los municipios están en la primera línea de la prevención sin respaldo legal ni recursos suficientes. “La ciudadanía está cansada y nuestros funcionarios expuestos”, dijo el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien criticó al Parlamento por no avanzar en una ley que permitiría enfrentar con mejores herramientas la inseguridad en los territorios.
