La Corte Suprema resolvió destituir al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza, y al subdirector Zvonimir Koporcic Alfaro, debido a su responsabilidad en el llamado “Caso Lexus”. El escándalo surgió tras el anuncio de compra de 22 vehículos Lexus ES300h, valorados en más de $50 millones cada uno, destinados a reemplazar los actuales Toyota Camry de uso oficial.
Aunque en febrero de 2024 Guzmán presentó su renuncia, el máximo tribunal decidió entonces no aceptarla y ordenó una investigación sumaria, que ahora concluyó en la remoción de ambos funcionarios por “pérdida de confianza”. Además, el Pleno de la Suprema confirmó, por mayoría, la sanción de suspensión de funciones por un mes para ambos involucrados.
La adquisición, que habría implicado un gasto superior a $1.200 millones, fue duramente criticada por la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales, por considerarla alejada del carácter austero que debe tener la judicatura. Tras el revuelo, la compra fue finalmente cancelada, aunque el episodio marcó un duro golpe a la gestión administrativa del Poder Judicial.
