El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra el diputado Joaquín Lavín León, su círculo de confianza y un empresario ligado a sus campañas, en el marco de la investigación por el uso de facturas falsas para justificar gastos ante el Congreso. La acción judicial, ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta también a sus ex asesores Arnaldo Domínguez y Felipe Vásquez, además del representante de la imprenta MMG, Juan Silva, clave en el presunto esquema de desvío de fondos.
Según antecedentes recopilados por BBCL Investiga, Lavín habría rendido una decena de facturas por trabajos inexistentes, cuyo objetivo real era saldar deudas de campañas políticas con la imprenta. El propio Silva reconoció que esas boletas, con glosas como “cuenta pública”, no correspondían a servicios reales, sino que eran pagos disfrazados por encargos políticos. Una práctica similar se habría replicado con la empresa “SocialTazk”, de uno de sus exasesores, que facturó más de $75 millones por servicios que finalmente no se prestaron.
Con esta acción del CDE, se abre la vía para que el Ministerio Público solicite en los próximos días el desafuero del parlamentario, lo que permitiría formalizarlo por presuntos delitos de corrupción. La causa, liderada por la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, también involucra a la exalcaldesa de Maipú y esposa de Lavín, Cathy Barriga, cuya defensa busca dilatar el cierre de la investigación con nuevas diligencias.
