Los diputados UDI Felipe Donoso y Jorge Alessandri oficiaron a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría que aclare por qué más de 3.600 funcionarios del Gobierno continúan en modalidad de teletrabajo. Según datos obtenidos vía Transparencia, seis reparticiones superan el límite del 20% permitido por ley, entre ellas la Subsecretaría de Hacienda, que tendría más del 40% de su personal trabajando a distancia.
Los parlamentarios señalaron que, si bien el marco legal permite esta modalidad bajo ciertas condiciones, resulta fundamental verificar si las autorizaciones están debidamente justificadas y si no se está afectando la productividad de las instituciones públicas. Afirmaron que el teletrabajo surgió como una solución excepcional en pandemia y advirtieron que, a más de tres años del fin de las medidas sanitarias, el sector público debió retomar plenamente la presencialidad.
Asimismo, expresaron preocupación por el posible impacto en la atención ciudadana, especialmente en reparticiones como la Subsecretaría de Servicios Sociales, donde el 21% de su dotación mantiene trabajo remoto. Según indicaron, el objetivo del oficio es asegurar que los recursos públicos se utilicen correctamente y que el Estado funcione con los mejores estándares de eficiencia.
