La Contraloría General de la República ha realizado al menos dos auditorías —y mantiene una tercera en curso— a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), bajo la administración del subsecretario Claudio Araya (PC), detectando eventuales irregularidades que podrían alcanzar los $100 mil millones. Los hallazgos apuntan a fallas en el cobro de garantías contractuales y gravámenes por el uso del espectro radioeléctrico, además de debilidades en la gestión administrativa y financiera.
En 2023, la Contraloría auditó el programa “Conectividad para la Educación 2030”, concluyendo que no se cobraron más de $24 mil millones en boletas de garantía a empresas que incumplieron compromisos. En 2024, una segunda revisión estableció que Subtel dejó de percibir más de $60 mil millones en gravámenes por uso del espectro radioeléctrico, detectando desorden en los registros de concesiones y derechos impagos entre 2021 y 2023. El organismo instruyó sumarios administrativos y advirtió falta de coordinación con la Tesorería General de la República para mantener información actualizada sobre pagos.
A ello se suma una auditoría en curso al proyecto Fibra Óptica Nacional (FON), donde se indaga la eventual omisión en el cobro de cerca de $10 mil millones en garantías a una empresa de telecomunicaciones por incumplimientos de plazo. Aunque desde Subtel han señalado que se iniciaron procesos internos y esfuerzos de regularización, la Contraloría mantiene abiertos procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas en los distintos casos.
