La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en las municipalidades de La Granja y San Ramón, tras constatar la entrega y renovación de licencias de conducir a personas privadas de libertad, condenados por diversos delitos y deudores de pensión de alimentos, infringiendo lo establecido en la Ley de Tránsito y otras normativas vigentes.
En el caso de La Granja, el informe detectó que tres personas obtuvieron licencia mientras cumplían penas de cárcel y que 884 condenados accedieron a este permiso entre 2018 y 2024. Además, se otorgaron 83 licencias a deudores de pensión, con deudas superiores a los 700 millones de pesos, junto con identificar intervenciones indebidas de funcionarios municipales en procesos que involucraban a familiares, así como la negativa del municipio a entregar información completa, lo que derivará en un sumario administrativo.
Respecto de San Ramón, Contraloría verificó la entrega de licencias a personas condenadas y a 55 inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, además de múltiples fallas en evaluaciones médicas y psicotécnicas, deficiencias graves en el manejo documental y cobros irregulares. Ante estos hechos, el organismo fiscalizador iniciará sumarios administrativos en ambas comunas y remitió los antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades.
