Este viernes se confirmó que el padre imputado por dispararle a su hijo de dos años en la cabeza y dejarlo en riesgo vital en Temuco, quedó con prisión preventiva.
Desde el primer minuto, la Fiscalía descartó que el hecho se tratara de un accidente y dejaron en claro que el hombre quiso, premeditadamente, dispararle a su hijo.
Según el relato de la madre, el hecho se originó luego de que el sujeto llegara a la casa y dijera que estaba cansado de pagar la pensión de alimentos.
En ese momento, sacó un arma y apuntó contra su hijo. La madre intentó evitarlo y se abalanzó contra su expareja, provocando un forcejeo entre ambos.
Luego de sacársela de encima, volvió a tomar el arma y disparó en la cabeza del menor, escapando sin prestar ayuda.
La madre buscó auxilio y gracias a Carabineros logró llevar a tiempo a su hijo a un recinto hospitalario donde permanece en riesgo vital.
El hombre logró ser detenido aunque antes apuntó a personal policial con el arma de fuego.
El menor permanece internado en el Hospital Hernán Henríquez Aravena.
Según el abogado penal Luis Acuña, su defendido fue agredido por personal de Gendarmería en dos recintos distintos en los que permaneció privado de libertad.
Durante la formalización de este viernes evidenciaba golpes en su rostro.
«En la entrevista previa al inicio de la audiencia que el imputado presentaba lesiones evidentes, lo que nos llama la atención porque el día martes cuando es detenido, lo entrevistamos en la octava comisaría de Temuco y el imputado no registraba ninguna lesión. De hecho consultado me refiere que no tuvo ninguna agresión por parte de personal policial, por el contrario, fue atendido como todo ciudadano que estaba siendo imputado por un delito», comenzó explicando.
En esa línea, continuó su relato: «Luego, cuando ingresa a la audiencia de control de detención, tampoco presentaba lesiones y eso también queda en evidencia porque cuando ingresa un detenido a los calabozos del tribunal, debe traer su certificado de atención de urgencias y no presentaba lesión alguna».
Sin embargo, contó que «el día de hoy presenta lesiones evidentes».
El abogado relató que «le consulto al imputado por esta situación y me manifiesta que una vez que se le amplía la detención es trasladado desde Temuco al CDP de Angol y un funcionario lo habría agredido, lo habría conminado a suicidarse y lo habría vejado con palabras de alto calibre por la causa por la que está siendo imputado».
Producto de lo anterior, y siempre en base a la declaración del abogado defensor, se toma la decisión de trasladar al imputado a la cárcel de Valdivia, donde nuevamente es agredido, esta vez, por más de un gendarme.
«Le propinaron una patada en el pecho, lo que le provocó su caída y luego lo golpearon con golpes de pies y puños en la cabeza. El imputado registra un hematoma y un abultamiento en su pómulo que se condice con la agresión que describe», relató el abogado ante los medios de comunicación.
«Un funcionario lo habría agredido, lo habría conminado a suicidarse y lo habría vejado con palabras de alto calibre por la causa por la que está siendo imputado».
Finalmente, se tomó la determinación de que la prisión preventiva la cumpla en la cárcel de Temuco.
Según la argumentación de la defensa del acusado, el hombre disparó contra su hijo, pero por error. En su relato, el sujeto habría encontrado la pistola en el río.
Luego, habría ido a la casa de la madre del niño para intentar conversar y explicarle que quería llegar a acuerdo, en relación al monto de la pensión de alimentos.
El acusado aseguró que la intención era solicitar una rebaja económica.
A raíz de discrepancias, habrían tenido un forcejeo en el que de manera fortuita, se habría escapado un disparo que dio en la cabeza del niño.
Sobre por qué iba con un arma, el acusado respondió que para presionar a la madre con la finalidad de bajar la pensión.
El fiscal Luis arroyo desmiente esta versión y asegura que esperaban que la defensa fuese en esa línea.
Además, cuestiona el que no se haya prestado ayuda una vez que el menor había recibido el impacto balístico. «El hecho de que él no haya prestado ayuda, que haya huido, más bien es el reproche moral es mayor y creemos también, debilita su versión y esta (creemos) falsa culpa que está mostrando en estos momentos”, señalaron desde el Ministerio Público.
La investigación durará 4 meses y el imputado arriesga hasta 15 años de cárcel por los delitos de parricidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones.
