La Contraloría General de la República anunció un nuevo enfoque de fiscalización que pondrá especial atención en la correcta asignación de beneficios sociales entregados por el Estado. La medida se enmarca en el plan de control 2026 y surge tras una serie de revisiones previas que evidenciaron irregularidades en otros ámbitos, como el uso de licencias médicas.
La contralora general, Dorothy Pérez, explicó que uno de los principales objetivos será verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley. En ese sentido, detalló que las prioridades del organismo para este año incluyen áreas como infancia, migraciones y la eventual entrega indebida de ayudas estatales, apuntando directamente a posibles casos de abuso.
Desde la institución recalcaron que esta fiscalización busca optimizar el uso de los recursos públicos, considerando que estos son limitados. Asimismo, se advirtió que podrían detectarse casos de beneficios otorgados a personas que no cumplen las condiciones, como quienes poseen propiedades o ya no residen en el país, aunque se reconoce que, debido al volumen de datos, también podría existir un margen de error en el proceso de revisión.
